La titular del ARI, Mariana Zuvic presentó ante el Juzgado Penal en turno de la ciudad de Río Gallegos una denuncia para que se investigue la presunta comisión de los delitos de: Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público; Cohecho y Tráfico de Influencias; Peculado y Malversación de Caudales Públicos; Exacciones Ilegales; Hurto; Estafas y otras Defraudaciones; y Encubrimiento; contra el Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta. La denuncia que fue fundamentada "ante la gravísima situación por la que atraviesan los trabajadores de la empresa Vieira Argentina S.A. de Puerto Deseado, y la incertidumbre e inseguridad jurídica en la que se hallan", se hizo extensiva al Ministro de la Producción Rafael Gilmartin, el Subsecretario de Pesca, Raúl Mella y quien también se desempeñó en ese cargo, Juan Carlos Braccalenti, el Interventor, Diego Marzioni, el Ministro de Gobierno Daniel Sloper , el Secretario de Trabajo y Seguridad Social, Luís Silva, el Fiscal de Estado, Iván Saldivia , el Intendente de Puerto Deseado Luís Ampuero, el empresario Luís Jones y aquellos otros funcionarios y/o personas que pudieren resultar penalmente responsables por haber sido partícipes de los delitos mencionados. Al hacer una síntesis de los hechos denunciados, Zuvic, junto a Luís Gonzáles, recordó que El 27 de Agosto de 2012, el Gobernador Daniel Peralta dicta el Decreto N° 1737 (Expte. MP-422, 198/12), “por el que de manera arbitraria y violando el ordenamiento jurídico vigente, dispone de un modo “de facto”, la intervención de la filial local de la firma Vieira Argentina S.A. con sede en Puerto Deseado, designando al Sr. Diego Marzioni en el cargo de “interventor”. Con fecha 05/09/2012 se sanciona la Ley N ° 3287 (promulgada el 17/09/12) que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación en los términos de la Ley 21, las instalaciones y bienes de la empresa mencionada. La titular del ARI admitió que a partir de ese momento, sin tener la debida posesión judicial, el Gobierno Provincial a través de sus funcionarios, dispuso de los bienes de la empresa Vieira como si fueran propios. Esta decisión del Gobierno Provincial, según Zuvic, lejos de ser la solución al conflicto laboral y social, agravó la situación y es que hasta la actualidad “los trabajadores se encuentran desamparados, sin obra social, ni aportes previsionales, ni ART, y cobrando de manera irregular un “subsidio en negro”, que debe blanquearse de inmediato, ya que de él depende la precaria subsistencia de más de una centena de familias”. “Párrafo aparte-apuntó Zuvic- merece la insólita participación que se le dio al empresario Luis Jones, quien inclusive ha manifestado públicamente en una entrevista radial (25/07/2013) que funcionarios provinciales le habían solicitado una ayuda financiera para colaborar y que por tal motivo, dice haber puesto más de Quinientos Mil Pesos ($ 500.000.- ) sin poder explicar bajo qué concepto y en qué carácter, todo lo cual debe ser objeto de la correspondiente investigación”.