A fines de 2013, un oficial de la marina mercante se presenta en Prefectura solicitando la libreta de aspirante a práctico de río, para lo cual documenta haber rendido los exámenes de rigor como capitán fluvial, según lo establece el Refocapemm, el régimen de formación de la marina mercante. Pero este capitán fluvial -a la sazón, un ex prefecto naval- tiene un título apócrifo: en lugar de las dos firmas y sellos reglamentarios, su título tenía sólo la del contraalmirante Álvaro José Martínez (falsificada), director de Educación Naval en la Armada; además, el cartular del título tenía medidas diferentes. La Prefectura peritó el título y, al detectar la irregularidad, radicó una denuncia por falsificación que cae en el juzgado de Oyarbide, que, acto seguido, le secuestra el título de capitán fluvial al aspirante. Aún así, este personaje vuelve a la Armada, y obtiene un certificado de "reexpedición de título" de capitán fluvial. La firma de este nuevo título anula el anterior (bajo secuestro e investigación judicial). Aparentemente, la Armada puede sanear actos nulos. Al margen de los procesos penales. Así, el aspirante vuelve a presentarse a la Prefectura exigiendo su libreta. La Prefectura pecó de ingenua, o de obediente: como autoridad marítima podía haber suspendido al capitán tras comprobar que su título era apócrifo. Como no lo hizo, y la Armada "saneó" su acto nulo, la Prefectura habría quedado sin margen y ante el absurdo de tener que habilitar como práctico a un falso capitán. Advertidos, la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje, por un lado, y el práctico del río Paraná, Ricardo Silva, por derecho propio, por el otro, presentaron un recurso de amparo y un pedido de no innovar en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo contra la Prefectura para que "impida registrar y habilitar como práctico del río Paraná" a este aspirante que se sirvió "de documentación apócrifa para obtener de la Armada Argentina el título de práctico". Si prosperaran las investigaciones y proliferaran las denuncias, los casos de títulos apócrifos excederían este carácter de excepcional. De hecho, es vox praefecti que hay órdenes que bajan para habilitar trámites similares. Tres controles tiene este sistema ineficiente: el político, en manos de la Subsecretaría de Puertos (que aplica el Refocapemm por delegación de la Secretaría de Transporte); el militar, a cargo de la Armada (que administra en la Argentina el régimen global de capacitación, STWC, de la OMI, que por si fuera poco contradice al Refocapemm en varios puntos), y el policial, que ejerce la Prefectura, como autoridad de control. Todo para obtener un título. Susceptible, por lo visto, de ser apócrifo. (Diario La Nación)