Falta de documentación que respalden actos administrativos, como contratación con empresas; graves observaciones en el pago a empleados; falta de rendiciones de los ejercicios 2012 y 2013 al Tribunal de Cuentas, etc. Se dispusieron intimaciones al ministro de la Producción, Harold Bark, para que presente documentación. Cuando los diputados provinciales aprobaron la Ley 3.287, con la que se expropió la pesquera Vieira S.A. poco después que el Poder Ejecutivo Provincial resolviera su intervención por Decreto 1.737, seguramente no pensaron que a poco más de dos años la empresa seguiría igual o en peores condiciones que las que motivaron el proceso que hoy sigue en marcha. Es que por entonces los legisladores explicaron que la expropiación no era un cheque en blanco y que lo hacían para conservar los puestos laborales de más de cien personas que se desempeñaban en la pesquera. Pero con el paso del tiempo esas buenas intenciones se han convertido en un gran lastre, y no son pocos los que apuntan a la intervención designada por el Poder Ejecutivo Provincial. Primera resolución- Pocos meses después de iniciada esa intervención por un Decreto provincial (27 de agosto del 2012), surgieron varios cuestionamientos por el manejo de la empresa, con denuncias que incluso fueron presentadas a la Justicia, como la del ex subsecretario de Pesca, Raúl Mella. De hecho, la situación es tal que el Tribunal de Cuentas (TC) ya envió tres resoluciones lapidarias sobre el accionar del interventor Diego Marzioni, pidiéndole al Ministerio de la Producción que envíe información sobre una serie de trámites administrativos de muy dudosa aplicación. La primera de esas resoluciones –a todas ellas tuvo acceso TiempoSur- está fechada en marzo de este año y en primer término hace hincapié en la irregular forma de pago que hacía la pesquera en manos de Marzioni para con los empleados de la misma. Sostiene que las “Actas Propuestas de Compromiso” entre la pesquera y los trabajadores “carecen de la correspondiente ratificación por instrumento legal”. Asimismo, que esos compromisos asumidos “implican egresos que carecen de la formalización legal correspondiente”. En cuanto al manejo de los recursos, se indica que la auditoria del TC se ve “imposibilitada” de efectuar un análisis de aquellos que son recursos de origen provincial y de determinar y precisar los gastos, “dado que el movimiento de fondos presentado también contempla ingresos generados de la propia actividad de la empresa expropiada”. El TC hace hincapié en el contrato de locación industrial suscripto entre el administrador y la empresa ARGENOVA S.A, “sobre el que no se pudo determinar la existencia del respectivo acto administrativo ratificatorio”. También que se detectaron “erogaciones en concepto de horas extras al personal que no surgen del Acta de Propuesta de Compromiso”. Entre otras cosas, la auditoria pide que se informe sobre la relación y situación legal de los contratos suscriptos con las empresas VEPEZ S.A. y ARGENOVA S.A. Un tema no menor observado por el TC en esa primera resolución fue el procedimiento de pago a los empleados de Viera S.A. Allí se detalla que en una primera etapa el municipio de Puerto Deseado ensobraba los subsidios (enviados por la provincia), se los entregaba al administrador (Marzioni) y éste procedía a su pago en efectivo, como así también los gastos propios de la firma expropiada. Aclara que a partir de octubre del 2013 los pagos por cualquier concepto se efectuaron en la Tesorería del municipio, en efectivo, bajo la dirección del administrador de la empresa. “La situación descripta pone en evidencia diferentes aspectos que se apartan de lo normado en materia legal, contable, presupuestaria, formal, numérica, y en particular las responsabilidades de los entes intervinientes”, consideró el Tribunal de Cuentas. Entre otras cosas, también observaron falta de rendiciones al TC. Todas esas irregularidades que determinó la auditoria motivaron un primer pedido al ministro de la Producción, Harold Bark, para que envíe información. Las intimaciones- Ya en el mes de mayo, el TC vuelve a pedirle información al funcionario provincial pero esta vez lo hace intimándolo para que -parte de la misma- la acerque en un plazo de 15 días. También cuestionan duramente información parcial enviada hasta entonces por Bark. Y finalmente, ya en el pasado mes de agosto, nuevamente el TC pide al titular de la cartera de Producción que dé cumplimiento a los pedidos de información no contestados de las resoluciones 1º y 2º. De estas quedaban pendientes: “la ratificación de las Actas Compromisos suscriptas con los empleados de Vieira; la remisión de antecedentes que justifiquen el pago de horas extras al personal subsidiado; la remisión de las rendiciones correspondientes a los períodos 2012 y 2013; la mecánica que se implementó en relación a los ingresos obtenidos por contratos firmados; y dieron 10 días al Ministro para que conteste. Según pudo saber este medio, los días al frente de la intervención de Vieira de Diego Marzioni estarían llegando a su fin. Sin embargo, es importante destacar que el Interventor de la pesquera también es representante de la provincia en el Consejo Federal Pesquero.