Extienden la intervención del SOMU por otros 180 días

El juez Rodolfo Canicoba Corral decidió extender la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) por 180 días más: arguye que aún no están dadas las condiciones para llamar a un proceso electoral para que los trabajadores elijan a sus futuros dirigentes. Este gremio fue intervenido en febrero de 2016.

Con esta decisión se pospone el cronograma original de llamar a elecciones para fin de año por lo que se pospondría para febrero de 2018, que es cuando vencería este nuevo plazo. Lo que sí está en proceso de depuración es el padrón. Están a cargo Silvio Torres y el delegado normalizador designado por el Ministerio de Trabajo, Alfredo Bertonasco.

Por lo que dice la resolución judicial, ninguno de los que podrían ser considerados sucesores de Omar “Caballo” Suárez (preso desde septiembre de 2016) podrían presentarse. Dice el juez: “No es posible entregar el sindicato a los anteriores dirigentes ya que se encuentran todos suspendidos de sus cargos, otros con mandatos vencidos, otros renunciaron (…) otros están procesados y otros con llamados a indagatorias; todos por cometer delitos utilizando el sindicato en perjuicio de los afiliados y en beneficio propio”.

Desde la intervención explicaron que efectivamente “todos los que no han cumplido con los requisitos que fija el Estatuto para mantener su condición de afiliados han perdido su calidad de tales y los que se encuentren inhibidos o con algún otro impedimento legal no podrán presentarse como candidatos”.

 

Una de las causales por la que una gran mayoría queda afuera es por “no aportar la cuota sindical por más de seis meses, ya que en ese caso la afiliación cae automáticamente”. Es que desde que a Suárez le intervinieron el sindicato, ninguno de ellos aportó al gremio. Pero esta sería solamente la cuestión más técnica: “Hay algunos que ya están inhibidos y procesados”, señalan. Y por cierto, otros tantos con llamados a declaración indagatoria, lo que haría suponer que van a aparecer más procesamientos.

 

Pero hay otro ítem que también los dejó afuera y es el perjuicio al gremio: no solo por los hechos de corrupción que se investigan, sino también porque muchos de ellos iniciaron acciones legales contra el SOMU “por salarios caídos, supletorias de indemnizaciones, intereses, daño moral y multas”. Sumando a todos los dirigentes que quedaron afuera e iniciaron acciones legales, las demandas superan los 353 millones de pesos.

 

 

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