El delegado del sindicato de la Industria de la Alimentación, Víctor Aguilar  confirmó que a partir de esta semana comenzaron las negociaciones por en la nueva escala salarial con un pedido del 45% de incremento que se ajuste a la canasta básica.

“Hoy, (por ayer) comenzaron las reuniones, en el sindicato con las empresas y nuestra meta es llegar a 13.600 pesos, con la categoría baja que es la 2, y luego seguir subiendo , actualmente esta categoría se está percibiendo 9.600 pesos y no alcanza para nada por eso ahora vamos a pelear por un sueldo que le mejore la calidad de vida de los trabajadores”, recalcó.

En diálogo con Mar&Pesca, Aguilar reconoció que desde el 2007 la actividad pesquera fue en picada con gente que salió del circuito laboral y empresas que cerraron sus puertas y otras que decidieron no apostar a la producción.

“Nuestro sector ha sido por lejos el más perjudicado, las empresas no quieren procesar, no hay horas, extras no se trabaja la producción como antes, le dijimos al Gobierno   lo que estaba pasando pero no hay respuestas, dice que no hay medios legales para exigirles nada  a las empresas, así que estamos huérfanos con una Provincia que no tiene una política pesquera que defienda la actividad ni  al trabajador”, disparó.

Aguilar redobló la apuesta recalcar que se ha cansado de enviar notas a las autoridades de la Subsecretaría de Pesca de la provincia y al  Ministerio de la  Producción donde da cuenta  sobre la delicada situación por la que atraviesan los obreros pero no tuvo respuestas. “Tenemos un drama terrible en Calata Olivia con una empresa que se fue y dejó en la lona a los trabajadores y todavía no hay respuestas respecto a un seguro de caución que dejó, la gente no pudo cobrar su indemnización ”, sostuvo.

El gremialista admitió que “ante la falta de reacción del Gobierno que no le interesa gestionar, desde el Consejo Municipal Pesquero estamos trabajando para conseguir que vuelvan los barcos a operar en Deseado y de a poco se van logrando cosas pero el camino es arduo ”, indicó para finalmente recalcar que  no existe en Santa Cruz la intensión de defender la actividad al trabajador.