La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, encabezó esta mañana el cierre de la Jornada “Herramientas de prevención e instrumentos jurídicos contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el límite de la zona económica exclusiva Argentina”. El evento contó con la participación de la titular de la Unidad Gabinete de Asesores de esta Cartera, Cecilia Rodríguez; del secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación, Sergio Rossi, y de los secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, y de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Tras enumerar una serie de acciones y políticas que se vienen desarrollando desde el inicio de la gestión vinculadas con la temática, Frederic afirmó: “Lo de hoy se encuadra en el marco de una serie de acciones que tienen por sustrato la defensa de la soberanía en relación con los recursos estratégicos para la Argentina: en este caso, los marítimos. Hay una decisión encarada por el Presidente Alberto Fernández de proteger estos recursos y poner a todas las instancias gubernamentales a trabajar coordinadamente con este objetivo. Esperemos que en el futuro podamos lograr un control, por un lado, policial y, por el otro, de producción de conocimiento de estas zonas que son parte de nuestra soberanía”. Por su parte, Sergio Rossi destacó la importancia del “abordaje de uno de los aspectos que hacen a la custodia de nuestros espacios soberanos” y reafirmó la voluntad de “seguir el camino retomado desde principios de este año”. En tanto, Daniel Filmus expuso un panorama de la situación particular de la pesca ilegal en las Islas Malvinas y zonas cercanas y aseguró que “si no se tiene una agenda de ocupación, de investigación y de trabajo en el Atlántico Sur tendremos poca legitimidad para poder reclamar lo que es nuestro”. La apertura de la Jornada estuvo a cargo del Rector del Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM), Enrique Font. Luego, se inició un panel que estuvo conformado por el Embajador Holger Federico Martinsen, Consejero Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; la coordinadora de Política Oceánica y Atlántico Sur de la misma cartera, Josefina Bunge; el director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Suárez; el director de Operaciones de la Prefectura Naval Argentina, Miguel Ángel Reyes; y la Jueza Federal del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme. De manera remota, asistieron equipos técnicos de las direcciones nacionales de Cooperación Internacional, a cargo de Nicolás Abraham, y de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, conducida por Jonatan Firun, así como trabajadoras y trabajadores de diversas dependencias de la PNA y funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. Durante la jornada se expusieron los principales desafíos y herramientas que posee el Estado argentino para abordar la problemática de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada que realizan los buques con bandera extranjera en la zona adyacente a la Zona Económica Exclusiva de Argentina, a fin de garantizar el ejercicio de la soberanía y la protección de la biodiversidad y los recursos marítimos en su extensa territorialidad marítima. La efectividad en la aplicación de protocolos y procedimientos para la compilación de elementos probatorios que permitan comprobar la existencia de la infracción pesquera y el delito de resistencia a la autoridad y hacer efectiva las sanciones y multas correspondientes, sin necesidad de la captura física del buque pesquero, es una práctica que exige definir estrategias innovadoras tendientes a desalentar y sancionar la actividad y, a la vez, disminuir los costos operativos para el Estado, así como los riesgos asociados con la operación en ambientes hostiles. Enrique Font inició las exposiciones y sostuvo que esta problemática plantea dos temas críticos centrales: la afirmación de la soberanía en el mar y la protección del ambiente. Además, afirmó que existen variables complejas como la participación corporativa, las redes de criminalidad transnacional e incluso países que se benefician con la actividad económica ilegal. Luego, Holger Federico Martinsen planteó las dificultades para la protección de los ecosistemas de la plataforma continental argentina más allá de las 200 millas. Asimismo, propuso tomar el tema con una perspectiva histórica y sugirió que el diálogo bilateral y por acatamiento voluntario es una de las mejores posibilidades para la resolución de conflictos. En esa línea, Josefina Bunge brindó un panorama de la situación actual de la industria pesquera y detalló las diferencias entre pesca ilegal y la no reglamentada. A su turno, Julián Suárez expuso sobre las acciones que desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se están tomando para enfrentar la pesca ilegal. Entre otros aspectos, ejemplificó la imposición de nuevas multas y la creación de una unidad de valor para cuantificar la disposición de dichas multas. Por último, Miguel Ángel Reyes remarcó el cambio de paradigma en cuanto a la política criminal y mostró cómo son los protocolos de actuación de la PNA ante la detección de buques pesqueros con bandera extranjera en infracción, mientras que Eva Parcio de Seleme compartió experiencias acerca de su intervención como Jueza en la captura de uno de esos buques que se encontraba pescando dentro de la zona económica exclusiva argentina.