Los legisladores sancionaron sobre tablas el proyecto de ley Nº 525/14 del diputado Jorge Arabel por el que se deroga la Ley N ° 3287 de la provincia de Santa Cruz (sobre la expropiación de instalaciones y bienes de la empresa Vieira Argentina Sociedad Anónima). Luego de casi dos horas de debate, el proyecto fue aprobado por 15 votos positivos, habiéndose registrado 4 negativos y una abstención. Durante la defensa del proyecto, el diputado Leonardo Álvarez, detalló que “para el análisis de esta situación, se llevó a cabo en el marco de un proceso en el que todas las partes fueron escuchadas, fundamentalmente los trabajadores, el ministro de la Producción actual, Harold Bark y el que se encontraba a cargo durante la expropiación, Rafael Gilmartin, el Interventor Diego Marzioni - a quien le pedimos reiterados informes sobre el estado de la empresa - el Fiscal de Estado, Iván Saldivia, quien nos explicó el estado en el que se encontraba el trámite judicial de expropiación, el Juez que interviene en el concurso de acreedores y que aprobó el acuerdo entre Vieira y Newsan, y que forma parte del anexo a la Ley ”, puntualizó el legislador. Además, señaló que “supeditamos tal cual lo manifestó públicamente la derogación de la declaratoria de utilidad pública de la empresa a un acuerdo marco de partes, que diera la absoluta seguridad a los trabajadores para que se respetara el derecho de reincorporarse a su trabajo, o de retirarse con la indemnización que le correspondiera por derecho, así como también indemnidad a la Provincia respecto de futuros reclamos por lucro cesante por parte del empresario expropiado”, explicó Álvarez. En ese marco, destacó que “siempre tuvimos en cuenta y privilegiamos la situación de los trabajadores, tanto al momento de sancionar la expropiación, medida que permitió sacarlos de la ruta asegurando sus salarios, como ahora, ya que sabemos que ellos esperan poder llevar tranquilidad a sus familias, luego de dos años de incertidumbre y ante una situación laboral totalmente precarizada, con un proceso expropiatorio aún en suspenso, y donde el Ejecutivo Provincial nunca pudo poner en marcha la empresa, nombrando un interventor que incumplió todos los procedimientos administrativos posibles, pagando los subsidios en dinero efectivo, que alquiló bienes sobre los que no tenía derechos - como los buques Miriam y Tabeirón - aún a sabiendas de que no podía perfeccionar los contratos y por lo cual hoy nuestra Provincia afronta reclamos judiciales millonarios, que permitió que se pudriera producto en sus cámaras refrigeradas ocasionando daños ambientales y perjuicio económico”. Asimismo Álvarez resaltó que “en lo único que podemos coincidir hoy con el Bloque Radical, y es que tanto Gilmartin como Marzioni deben ser removidos inmediatamente de sus cargos, el primero como Representante de Negocios del Poder Ejecutivo en Buenos Aires, y el segundo aún siendo parte de la toma de decisiones de las políticas pesqueras, como representante de Santa Cruz ante el Consejo Federal Pesquero, y además investigados de oficio por la justicia a partir de las Resoluciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia hasta que se aclare si son culpables de mal desempeño del funcionario público, o inclusive de malversación de fondos”, concluyó.