La decisión fue adoptada la Sala I de la Cámara Federal ante la medida interpuesta por los abogados de Omar "Caballo" Suárez, quienes habían considerado que el juez interviniente, Rodolfo Canicoba Corral, era incompetente. La Sala Primera de la Cámara Federal, con la firma del Dr. Jorge Luis Ballesteros y el Dr. Eduardo Adolfo Freiler, confirmaron la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), de la Fundación Azul, de la Obra Social del Personal Marítimo, de la empresa Malonot SA y de la empresa San Jorge Marítima SA, todas estas últimas compañías satélites vinculadas al gremio que condujo desde 1989 Omar "Caballo" Suárez. Coincidió el tribunal de alzada con lo que el juez Canicoba Corral había dispuesto en cuanto a que era "urgente intervenir el sindicato", a los efectos de "evitar la continuación de las maniobras ilícitas y la posible manipulación de las pruebas" por parte de los entonces responsables de esas entidades y para evitar el entorpecimiento de la investigación. Consideró en el fallo "competente" al juez ya que la defensa de Suárez había pedido su desafectación a la causa por incompetencia. Además, la Cámara arguyó que esta intervención "la puede realizar el Juez como medida cautelar destinada a hacer cesar la comisión de delitos o sus efectos o evitar que se consolide su provecho u obstaculizar la impunidad de los partícipes de los hechos". Aunque el magistrado venía avanzando en la etapa de investigación e indagatorias, a raíz de esta luz verde de la Cámara, la causa, se espera, tomará una envión. De hecho, hasta avanzado el mes de agosto (luego de la feria judicial) habrá más llamados a indagatorias de personas vinculadas a la causa que investiga la supuesta conformación de una asociación ilícita para malversar fondos del SOMU y tal vez más dictados de procesamientos (hasta ahora Suárez junto a otros dos secretarios del gremio están procesados por obstruir las vías navegables). La intervención, valga aclarar, se dispuso para febrero y recaló en el sindicato la diputada PRO Gladys González, y otros dos interventores, que luego fueron desafectados por Canicoba. En tanto, la obra social la maneja actualmente el médico sanitarista Ramiro Tejeda. Cada uno por su lado emitió informes en los que detallaron irregularidades que deberán ser ratificadas por la Justicia como faltante de bienes, sobreprecios en las contrataciones y engrosamiento del padrón de la obra social para desviar fondos vía cápita. Suárez rechazó todos estos planteos en sus presentaciones judiciales. (Clarín)