Actualmente, el Régimen Federal de Pesca previsto en la Ley N° 24.922 y sus modificatorias, en su Capítulo XIII, titulado “Régimen de Infracciones y Sanciones”, establece el procedimiento para la ejecución de las infracciones y la determinación de las sanciones que puede aplicar la Autoridad de Aplicación, previa sustanciación del sumario correspondiente. A su vez, el artículo 51 de la Ley citada enumera las posibles sanciones a aplicar de acuerdo a las características del buque, la gravedad del ilícito y los antecedentes del infractor, disponiendo en su inciso b) que la sanción de multa oscilará entre los PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) hasta la suma de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000). Asimismo, dicha Ley especifica un agravamiento de los montos mínimos de las multas a aplicar cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000) y la máxima de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) y para cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, y/o careciendo de una cuota individual de captura, así como la de pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a PESOS TREINTA MIL ($ 30.000). De este modo el proyecto firmado por el presidente Alberto Fernández, el canciller Felipe Solá, el ministro de Agricultura y Pesca Luis Basterra, y el jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero, propone establecer un régimen variable sobre la base de unidades de valor denominadas Unidades  Pesca (UP) cuyo monto será equivalente a un (1) litro de combustible gasoil conforme lo que determine la Autoridad de Aplicación a los fines de establecer el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal. Esta metodología permitirá contar con una normativa que no requiera de modificaciones sucesivas a partir de la pérdida de valor de la moneda.